El debate | ¿Puede sobrevivir el Gobierno a la inestabilidad parlamentaria?

El Gobierno seguramente haya aprendido a ser más cauto con el uso del decreto ley, pero sin duda también verán las virtudes de un parón legislativo: con los apoyos que necesita el Gobierno, cualquier medida iba a tener que hornearse al gusto de Junts y el nacionalismo vasco. Si la propia amnistía no saliera adelante, podemos ya intuir cuál será el argumentario del partido socialista: “Hemos mostrado generosidad, nos hemos sacrificado, pero nadie dirá que no tenemos líneas rojas”. Un argumentario ventajista, aunque muy del gusto de los suyos. Y que, con la mirada puesta en Cataluña, cuelga las culpas al núcleo más milenarista de Junts y sitúa al Gobierno en una burbuja equidistante entre separatismo y fachosfera.

Respecto de los Presupuestos, no estará de más recordar que incluso Isabel Díaz Ayuso o José Luis Martínez-Almeida han gobernado Madrid con cuentas prorrogadas, como Sánchez ya vivió con las de Cristóbal Montoro. Dicho de otro modo: si el Gobierno logra aprobarlos, puntos para la épica sanchista. Y si no los saca adelante, hay otro camino para seguir sacando oro: con un Parlamento colgado, a buen seguro habrá directivas europeas, por ejemplo, que no puedan aprobarse, o fondos que no llegarán. He ahí un escenario pintiparado para el clásico de la casa: la redirección a la fachosfera, es decir, acusar al PP de no arrimar el hombro. Fuera de la política de los políticos, sin embargo, hay que preguntarse si podemos aguantar sin medidas y sin fondos y con un Gobierno maniatado para gobernar.

No quedan pocas convulsiones. En el día a día, el despiece caníbal de Sumar y Podemos añadirá tensión y desgaste. En las gallegas, el PSOE solo recibirá como buena noticia lo que no sea una catástrofe. En las europeas, sin embargo, el voto de descrédito puede tener una repercusión internacional más allá de la erosión interna. Todo se podrá asumir, porque la legislatura tiene ya su término: haya o no amnistía, gobierne o no gobierne el PSC en Cataluña, las elecciones catalanas implican la ruptura con alguno de los socios independentistas del Ejecutivo y obligarán a barajar de nuevo.

Cualquier otro Gobierno lo hubiera dejado antes de adentrarse en este maelstrom de entropía. La resiliencia de Sánchez empieza a ser menos visible que sus magulladuras, y menos característica que la adaptabilidad de sus principios al principio del poder. Véase que nadie se planteó algunas medidas ­—de los pactos con Bildu a la amnistía— antes de que un criterio de estricta supervivencia las pasara de implanteables a necesarias. Pero los tiempos se agotan, los espacios se achican y uno solo puede pensar en aquel caballero del Orlando que, en el calor de la batalla, “andava combattendo ed era morto”, daba mandobles sin saber que había caído.

Aunque no haya amnistía, habrá Gobierno

Estefanía Molina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe seguir adelante con la legislatura porque prometió a la izquierda que la proposición de ley de amnistía para los implicados en el procés independentista catalán era sólo el precio a pagar para hacer políticas progresistas. Sería un fracaso enviarlo todo al traste por los vetos de Carles Puigdemont. Y, en verdad, es falso que los socios del Gobierno (ERC, Bildu, PNV, e incluso Junts) sólo estén interesados en la cuestión territorial. Para los nacionalistas e independentistas, la gestión autonómica y las demandas sociales serán también importantes en sus respectivas batallas por las elecciones en Galicia, Euskadi o Cataluña.

La política es ideología, pero también contexto. No es casual que ERC y Junts lleven tiempo pidiendo también cuestiones ajenas al procés a cambio de sus votos. En 10 años nunca fue tan notoria la crítica desde el independentismo civil hacia sus propias formaciones, exigiendo soluciones ante los malos resultados educativos del informe PISA o la actual sequía en Cataluña. Ese clima de opinión pondría muy difícil a los partidos independentistas el no apoyar acuerdos para lograr mejor financiación o competencias, aunque la amnistía no saliera adelante. La prueba está en la pujanza del partido socialista en Cataluña, en que ERC ha movido su discurso hacia la idea de gobernar en el “mientras tanto” si no llega la independencia, o que Junts pida gestionar la inmigración para que Aliança Catalana, una formación soberanista y xenófoba, no le quite votos por esa vía.

Así que la legislatura aún puede continuar si el Gobierno pone el foco en los temas socioeconómicos que le permiten superar el choque con el soberanismo vasco o catalán. No deben confundirse los medios con los fines. Hay una mayoría de prioridades para el PSOE o Sumar que sus socios apoyarían, aunque solo sea por el coste que les generaría no hacerlo: bajos salarios, cambio climático, problemas del campo, economía… La Moncloa debe tomarse al pie de la letra eso de que la cuestión territorial no era un objetivo en sí mismo para la izquierda, sino el mecanismo para alcanzar acuerdos.

Primero, porque el propio PNV parecía hasta ahora dispuesto a asumir políticas progresistas a cambio de más autogobierno. Por ejemplo, los nacionalistas vascos aceptaron el impuesto especial a la banca y las energéticas, o el ingreso mínimo vital a cambio de poderlo gestionar desde Euskadi. El partido del expresident Puigdemont también lleva su programa plagado de cesiones competenciales. Sin embargo, la derecha ha sido hábil instaurando la demonización de la fragmentación política, vendiendo esos trueques como una humillación o un demérito, simplemente, para tapar su incapacidad de lograr socios parlamentarios.

Segundo, la territorialidad es amplia, y también puede servir para agrietar el bloque de la derecha. Por ejemplo, la Conferencia de Presidentes autonómicos podría buscar pactos de Estado sobre educación, sanidad o vivienda, competencias que las comunidades del Partido Popular también gestionan. El caso es que el Gobierno tiene que abandonar esa noción mayoritaria de la democracia de la que a veces peca. Si quiere convencer, necesita la confianza de sus socios. Ahorrarse la figura del decreto ley permitirá más flexibilidad para incluir demandas de estos, acabando con esa imagen de un Ejecutivo agónico o de mayoría pírrica, que todo lo saca in extremis y a cambio de cesiones que nada tienen que ver con lo que se aprueba pero que distorsionan su agenda.

A la postre, España es una isla donde, pese a haber una mayoría de derechas en el Congreso, el Ejecutivo es de izquierdas. Y esa es la única vía para resistir ante la ventisca de ultraderecha que acecha de cara a las próximas elecciones europeas de junio. Que Bildu, ERC o Podemos sean progresistas, por mucho que unos lo pongan difícil u otros sean independentistas, es un apoyo para que PSOE y Sumar den prioridad a su programa en los Presupuestos. Es hora de la agenda social, si no queda otra, o los caminos se estrechan.

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